Derecho al trabajo y protesta social: represión en La Plata

La Policía Bonaerense reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una protesta de trabajadores precarizados; esta semana fueron cesanteados miles en La Plata.

La represión comenzó cuando un grupo de manifestantes pidió ingresar a la sede municipal para presentar un petitorio. Los efectivos fueron inflexibles y respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos y disparando balas de goma al aire. Cuando las personas comenzaron a alejarse del lugar los policías dispararon a corta distancia al cuerpo de los manifestantes. Los heridos, al menos veinte, tienen las marcas de las postas de goma en la espalda, señal de que ya se estaban dispersando y se les disparó por detrás. La cantidad de impactos recibidos por algunas personas señala un uso altamente lesivo de estas municiones, contrario a las normas vigentes. Los testigos señalaron que la orden que inició la represión la dio un oficial sin advertir a los manifestantes.

Las autoridades políticas del municipio no garantizaron una negociación como vía de solución del conflicto; ningún funcionario se hizo presente en la sede municipal para recibir el petitorio. En lugar de eso respaldaron la intervención violenta de las fuerzas de seguridad.

​Además, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, justificó la violencia policial en la presencia de militantes políticos entre los manifestantes, como si esto le quitara legitimidad a la protesta y habilitara la represión.

El violento operativo de hoy fue decidido en un contexto de gran cantidad de despidos arbitrarios en los distintos poderes del Estado a nivel nacional, provincial y municipal que afectan las fuentes de trabajo de miles de personas. Estos despidos, en su mayoría de trabajadores precarizados, se están llevando adelante en un clima de estigmatización del empleo público, amedrentamiento y con denuncias de persecución ideológica, sin canales de negociación efectivos con referentes sindicales o sociales.

Resulta inadmisible que la respuesta del gobierno a las protestas ante decisiones que afectan el trabajo de miles de personas se centre en el uso de la violencia estatal. Es imprescindible que se garantice el derecho a la protesta, se dé marcha atrás en los despidos masivos sin alternativa laboral alguna y se inicien investigaciones administrativas y judiciales sobre la actuación policial que causó heridas a los manifestantes.

Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales