Organización y acción contra la criminalización de la juventud

Organización y acción contra la criminalización de la juventud

El Programa Mercosur Social y Solidario presenta la Sistematización de experiencias colectivas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Organización y acción contra la criminalización de la juventud.

INTRODUCCIÓN

Es un hecho indiscutible que las juventudes latinoamericanas han sido criminalizadas sistemáticamente durante los últimos años, especialmente aquellas provenientes de sectores populares. ¿A qué obedece este fenómeno? En gran medida, aquí ha intervenido el actuar de la clase política a través de diversas medidas guiadas y fundadas en la “inseguridad ciudadana”, concepto levantado por parte de la sociedad civil (sectores acomodados principalmente, aunque también una creciente clase media aspiracional), y que ha sido amplificado por los grandes medios y coreado por amplios sectores de la empresa privada. Según éstos, y a riesgo de simplificar, la delincuencia estaría directamente asociada a una juventud empobrecida y desesperada por arrebatar sus propiedades a objeto de sobrevivir, sumado a los efectos de las drogas y el alcohol.
Ante el requerimiento por mayores niveles de seguridad, algunos gobiernos han respondido con políticas de “mano dura”, entre ellas, iniciativas tendientes a revisar y modificar las edades límite para la imputabilidad penal. Así ocurrió el 2014 en Uruguay y más recientemente el 2015 en Argentina, en el contexto de elecciones presidenciales que se prestó para reinstalar el tema en el debate público.

El incremento de la violencia como medida correctiva contra los jóvenes fue acusada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo que en 2013 publicó el informe Seguridad ciudadano con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina. Allí señaló que varios países han probado políticas de seguridad de similares características sobre jóvenes y adultos, sin otra consecuencia que agudizar el problema: Basadas en un enfoque punitivo que privilegia la represión, el aumento en la severidad de las penas y el uso de la fuerza, las políticas de mano dura han tenido repercusiones negativas, muchas de ellas inesperadas, en la seguridad ciudadana de América Latina. Entre ellas destacan: el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de sistemas carcelarios —ya sobrecargados—, la violación de los derechos humanos —particularmente en contra de jóvenes y menores de edad— y el abuso de autoridad.

Sin embargo, las realidades latinoamericanas en las que se ha podido identificar la criminalización de las juventudes son mucho más complejas. De hecho, el concepto de “juventud popular”, tan ampliamente utilizado, merece una revisión más atenta dado que no se refiere exclusiva ni necesariamente a condiciones de pobreza y cesantía —aunque dehecho así aparezca en la voz de varias de las organizaciones— sino también a otros elementos como el color de la piel y su participación en movimientos sociales. Así, mientras en Brasil la persecución y castigo se dirige preferentemente a los jóvenes
negros, en Chile han sido los estudiantes movilizados en “tomas” y marchas uno de los principales objetivos de la represión policial.

Otro elemento a considerar es que la criminalización de los jóvenes no es realmente nueva, aunque la coyuntura de avance vertiginoso de las derechas acentúe esa percepción. Por ejemplo, en un documento publicado por UNICEF en 1998, se señalaba que “las políticas y las prácticas relacionadas con la justicia juvenil se encuentran entre lasáreas más frecuentemente criticadas por el Comité de los Derechos del Niño, organismo responsable de supervisar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”.

Quizás sería más ajustado señalar que lo “nuevo” es lo sistemático de esa práctica, mediante el diseño y empleo de leyes que permitan la detención arbitraria de jóvenes (“Ley de Identificación Preventiva” en Chile), su castigo (“Código de Faltas” en Córdoba) y la reducción de edad para imputarlos tempranamente (desde el PEC n° 171 en Brasil —que data de 1993— hasta el frustrado proyecto de “Baja a la edad de imputabilidad” en Uruguay 2014).

Ello, sin duda, se ha acentuado en el proceso de reconfiguración del tablero político en la región: las protestas en Brasil en el marco del despliegue del “Golpe blando” contra la presidenta Dilma Rousseff,
así como los levantamientos populares frente a las primeras medidas del presidente Mauricio Macri en Argentina, tuvieron durísimas respuestas de parte de las policías en ambos países, siendo nuevamente lxs jóvenes quienes resultaron seriamente castigadxs.

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